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  • Información al día - Agosto 2018

    PUBLICADO: 31 · 08 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Sociedades

    NUEVO PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO EXPRÉS ANTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

    El día 12 de junio de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2018, de 11 de junio, por la que se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

    ¿Cuál es la finalidad de la ley y desde cuándo se aplica?

    Lo que pretende la ley es crear un nuevo procedimiento judicial que permita dar una respuesta ágil y efectiva ante el problema derivado de la ocupación ilegal de viviendas, posibilitando al propietario de una vivienda obtener, con mayor rapidez, el desalojo forzoso de los que la han ocupado sin su consentimiento. La norma entró en vigor y se aplica desde el pasado día 2 de julio de 2018.

    ¿Quién puede instar este nuevo procedimiento de desahucio?

    La nueva ley va dirigida solo a los propietarios o titulares del derecho de posesión sobre viviendas que sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de viviendas sociales. Por tanto, no se aplicará la norma a las personas jurídicas o entidades mercantiles con ánimo de lucro que sean propietarias o poseedoras legítimas de viviendas.

    ¿Qué se considera “ocupación ilegal”?

    Se trata de una ocupación que no ha sido consentida ni tolerada y que, por tanto, no tiene ninguna justificación legal. En este sentido, nos estamos refiriendo esencialmente al fenómeno popularmente conocido como “okupación”, protagonizado por los llamados “okupas”.

    ¿Se podrá seguir el nuevo procedimiento para el desalojo de locales u otros inmuebles que no sean viviendas?

    No, únicamente es aplicable en el caso de inmuebles que tengan la condición de vivienda, tanto si es habitual como no.

    ¿Qué particularidades tiene el nuevo procedimiento?

    Se trata de un procedimiento judicial, por tanto requiere la intervención de un abogado y procurador, que se inicia con una demanda, dirigida genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la vivienda, donde el propietario o poseedor legítimo deberá acreditar su derecho y podrá solicitar la inmediata entrega de la posesión de la vivienda. En este caso, una vez el Juzgado reciba la demanda requerirá a los ocupantes que en el plazo de cinco días aporten el título o documento que justifique su posesión. Si los ocupantes no aportan este justificante o la justificación es insuficiente, el tribunal ordenará mediante Auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda. En su caso, y en la misma resolución judicial, se ordenará comunicar los hechos a los servicios públicos competentes en materia de política social para que en el plazo de siete días adopten las medidas de protección que correspondan.

    Por otro lado, aunque el demandante no haya solicitado la entrega inmediata de la posesión, pero haya acreditado su derecho, los ocupantes solo pueden contestar la demanda en base a la existencia de algún título o documento que justifique su posesión y, si no justifican su posesión o no contestan, el juez procederá a dictar sentencia de forma inmediata, que se podrá ejecutar ipso facto.

    Recuerden que estamos a su total disposición con el fin de resolver cualquier duda, aclaración o cuestión adicional que les pueda surgir sobre esta nueva normativa y les ofrecemos nuestros servicios profesionales para emprender las acciones que, en su caso, sean necesarias o convenientes.

    Joan Vidal Vidal
    Abogado

  • Información al día - Junio 2018

    PUBLICADO: 29 · 06 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Sociedades

    MODELO 179 DECLARACIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESIÓN DE USO DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

    Nueva obligación de información para las personas y entidades intermedias entre los propietarios y los inquilinos de viviendas con finalidad turística; ejemplos: apis, agentes inmobiliarios y sobretodo Plataformas Colaborativas, como airb&b.

    El RD 1070/2017, de 29 de diciembre introduce una nueva obligación informativa relativa a las cesiones de viviendas turísticas, que se establece con fines de prevención de fraude fiscal para las personas y entidades, en particular “plataformas colaborativas”, y que hagan de intermediarios en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos entre el propietario y los inquilinos. Esta nueva obligación declarativa es el modelo 179 de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos de la Agencia Tributaria Española.

    El pasado 24 de mayo y con la publicación de la Orden HFP/544/2018, se aprueba definitivamente el modelo 179.

    El modelo 179 de declaración informativa se presentará exclusivamente vía internet a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Española.

    La información a suministrar en este modelo será la siguiente:

    A) Identificación del titular o titulares de la vivienda.

    B) Identificación del Inmueble, dirección completa, referencia catastral.

    C) Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.

    D) Importe percibido, en su caso, por el titular cedente del uso de la vivienda.

    E) Número de contrato.*

    F) Fecha inicio cesión.

    G) Fecha intermediación de la operación.*

    H) Identificación de los medios de pago utilizados (tarjeta, transferencia,…).*

    I) Concepto de Administrador/Órgano de Administración.

    *La información contenida en las letras E/G/ y H son opcionales.

    La periodicidad de la declaración será trimestral, presentándose durante el mes natural siguiente a la finalización de cada trimestre natural.

    Excepcionalmente para el ejercicio 2018, la declaración informativa será anual, y el plazo de presentación será entre el 1 y el 31 de enero de 2019; del ejercicio 2019 hacia adelante se presentará trimestralmente dentro del mismo ejercicio anual.

    Estamos a su total disposición para cualquier duda, aclaración o cuestión adicional que les pueda surgir, así como les ofrecemos concertar asesoramiento concreto al respecto, en el caso de que lo consideren oportuno.

    Olga Ginesta Madruga
    Àrea de Gestió Administrativa

  • Sesión Informativa: Los mercados financieros de hoy y mañana. ¿Incertidumbre? Contexto y visión macroeconómica de la situación mundial actual

    PUBLICADO: 29 · 05 · 2018 Fiscal Individual, Fiscal Sociedades
    Sesión Informativa: Los mercados financieros de hoy y mañana. ¿Incertidumbre? Contexto y visión macroeconómica de la situación mundial actual

    Invitación

  • Información al día - Mayo 2018

    PUBLICADO: 17 · 05 · 2018 Fiscal Sociedades

    NUEVO PARADIGMA EN LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES-CONSEJEROS DELEGADOS

    A raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo 98/2018, de 26 de febrero, se ha modificado, en cierta manera, el paradigma retributivo de los órganos de administración de las sociedades con distintas implicaciones.

    Concepto de Administrador/Órgano de Administración

    La mencionada sentencia nos recuerda que el órgano de administración de la sociedad es aquel encargado de la gestión y representación de la misma, incluyendo tanto a los administradores/consejeros como a los consejeros delegados o ejecutivos.

    ¿Se cobra por ser administrador?

    El cargo de administrador será gratuito a menos que estatutariamente se establezca lo contrario; por tanto, si se pretende que el cargo sea retribuido debe establecerse expresamente en los Estatutos.

    Retribución de los administradores

    Hasta la Sentencia 98/2018 gran parte de la jurisprudencia sostenía que existía una doble regulación, diferenciando si al administrador se le retribuía “en su condición de tal” o “en su condición de consejero ejecutivo”, implicando que no era necesario que la remuneración del consejero ejecutivo constase en los estatutos (el consejero ejecutivo podía ser remunerado aunque el cargo de administrador fuera gratuito) ni que formase parte de la retribución acordada por la Junta para los administradores; esta retribución, por tanto, quedaba regulada exclusivamente en el contrato que debían otorgar el Consejo y los consejeros a los que se retribuyera por ejercer funciones ejecutivas.

    La Sentencia del Tribunal Supremo supone un giro completo a la que había sido la guía de comportamiento por parte de las sociedades al indicar que no puede entenderse que los administradores “en su condición de tales” sean los consejeros no ejecutivos ni que, por tanto, los consejeros delegados -o a favor de los que se hayan delegado funciones ejecutivas- sean alguna cosa distinta.

    Por todo lo anterior:

    (i) los conceptos por los que se puedan retribuir a los administradores, incluidos consejeros ejecutivos y delegados, deberán estar previstos en los estatutos sociales;

    (ii) la junta de accionistas o socios deberá fijar el importe máximo por el que puede retribuirse a los administradores, incluyendo la retribución que puedan percibir los consejeros ejecutivos y delegados; y

    (iii) el Consejo de administración deberá acordar la distribución de esta retribución máxima (entre todos los consejeros, incluyendo a los Consejeros Delegados).

    En consecuencia con lo anterior, es fundamental que las sociedades regidas por un Consejo de administración que haya delegado todas o parte de sus funciones ejecutivas de forma permanente en uno o diversos consejeros delegados o ejecutivos que perciban una remuneración, revisen y adecuen (i) sus estatutos sociales, (ii) los acuerdos de la junta de accionistas o socios sobre este tema y (iii) los contratos otorgados por el Consejo con el Consejero Delegado o consejeros ejecutivos.

    Estamos a su total disposición para cualquier duda, aclaración o cuestión adicional que les pueda surgir, así como les ofrecemos concertar asesoramiento concreto al respecto, en caso de que lo consideren oportuno.

    Laura Pasqual Lleonart
    Advocada