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  • Información al Dia - Abril 2016

    PUBLICADO: 30 · 04 · 2016 Derecho Civil, patrimonial e inmobiliario, Derecho administrativo

    LA TRANSIMISIÓN DE DATOS PERSONALES ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEBE INFORMARSE PREVIAMENTE A LA PERSONA INTERESADA

    En esta ocasión queremos incidir en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 1 de Octubre de 2015, que resuelve las dudas interpretativas surgidas a raíz de la transmisión de datos personales entre dos administraciones públicas, que se emplearon para un fin distinto al previsto en el momento de su comunicación por parte del interesado.

    La Sentencia mencionada concluye que la transmisión de datos personales por parte de una administración pública a otra, y su consecuente tratamiento, sin haber informado previamente a la persona afectada, es contraria a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de Octubre de 1995, y especialmente a la exigencia de tratamiento leal de los datos personales que recoge dicha Directiva. De esta conclusión sólo se excluirían aquellos casos excepcionales que prevé la propia Directiva, donde el Estado hubiera establecido legalmente una no aplicación o limitación de dicha obligación de información.

    ¿Qué significa realmente?

    Significa que las administraciones no pueden seguir ocultando lo que han venido ocultando hasta el momento. Por ejemplo, si un ayuntamiento cede sus datos personales a la Seguridad Social, debe comunicárselo, o cuando las cede a la diputación para gestionar el cobro de una multa de tráfico. Y lo mismo pasa con los datos que una administración, sea cual sea, cede a la Agencia Tributaria. De alguna forma, lo que hace la sentencia es exigir el seguimiento de un protocolo de aviso al ciudadano cuando las administraciones ceden sus datos personales.

    ¿De qué forma nos afecta o qué podemos hacer si la administración no lo cumple?

    El efecto más inmediato que nos podemos encontrar es que si, por ejemplo, un ayuntamiento nos ha abierto un expediente sancionador y el trámite de recaudación lo delega a la Diputación o a la Agencia Tributaria sin habernos comunicado la cesión de nuestros datos a estas administraciones, es posible poder plantear y argumentar un recurso dirigido a obtener la nulidad de la actuación que lleve a cabo la Diputación o la Agencia Tributaria.

    Del mismo modo, en aquellas situaciones donde hay convenios entre las administraciones en los que se produce la delegación del ejercicio de determinadas competencias, por ejemplo en la gestión de tasas e impuestos municipales cedida a las diputaciones, puede dar lugar a la posibilidad de solicitar la nulidad del expediente administrativo correspondiente (ya sea de gestión, de liquidación, de sanción, etc.) si por su resolución deben utilizarse datos personales transferidos de otra administración, sin haber estado previamente informadas las personas afectadas.

    Desde nuestro despacho, estamos a su disposición y les ofrecemos nuestros servicios profesionales para estudiar si en cada caso concreto se ha producido una transmisión no informada de datos personales y la posibilidad de poder plantear el recurso correspondiente.

    Joan Vidal i Vidal
    Abogado