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  • Información al día - Febrero de 2017

    PUBLICADO: 27 · 02 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Sociedades

    EL PROCEDIMIENTO MONITORIO. SU IDONEIDAD PARA LA RECLAMACIÓN DE DEUDAS

    Ante una situación de morosidad disponemos de diversos medios para reclamar extrajudicialmente el pago, ya sea requiriendo al deudor personalmente, telefónicamente, vía fax, vía e-mail, mediante carta certificada, burofax o requerimiento notarial. Sin embargo, cuando el deudor se opone o actúa con pasividad ante el requerimiento recibido, nos veremos obligados a acudir a la vía judicial para poder exigir el pago de la deuda.

    La opción del procedimiento monitorio

    La Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la opción de acudir a un procedimiento judicial relativamente ágil, flexible y simplificado de reclamación de deudas dinerarias de cualquier importe, que sean líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, que se puedan acreditar documentalmente. Es lo que se denomina procedimiento monitorio.

    ¿Qué necesitamos para plantear un procedimiento monitorio?

    Acreditar la realidad de la deuda: la ley prevé diversos medios de prueba como pueden ser documentos firmados por el deudor o bien sellados por él con huella, marca o señal de identificación, facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualquier otro documento que documente el crédito entre acreedor y deudor.

    - Preparar una solicitud de reclamación de la deuda: que irá dirigida al Juzgado de Primera Instancia que corresponda al domicilio del deudor.

    Liquidar una tasa judicial de 100 €, si el acreedor es una persona jurídica.

    No se exige legalmente la intervención inicial de abogado ni de procurador, aunque recomendamos que se asesore con un abogado para valorar las pruebas pertinentes y garantice una correcta preparación del proceso.

    ¿Qué trámites sigue este procedimiento?

    Se debe presentar la solicitud inicial al Servicio Común de registro de los Juzgados de la localidad correspondiente, y el Juzgado competente enviará la reclamación al deudor, quien dispondrá del plazo de 20 días hábiles para pagar voluntariamente u oponerse alegando los motivos por los que entiende que no le corresponde pagar.

    En el caso de que el deudor pague el importe reclamado, el expediente habrá finalizado. En el caso de oposición razonada del deudor, el Juzgado acordará iniciar un procedimiento judicial en el que deberán aportarse todas las pruebas de las que dispongan las partes y seguir los trámites correspondientes hasta la celebración de un juicio, si antes no llegan a un acuerdo. No obstante, si el deudor no paga ni tampoco alega ningún motivo de oposición y deja pasar el plazo de 20 días desde el requerimiento judicial, se podrá solicitar la ejecución de la deuda procediendo al embargo de sus bienes. En estos casos, las actuaciones ante el Juzgado requerirán la intervención de abogado y procurador.

    En Ribas Àlvarez estamos especializados en la reclamación de morosos, y por consiguiente les ofrecemos nuestros servicios profesionales para estudiar su caso concreto y valorar las actuaciones a realizar.

    Joan Vidal i Vidal
    Abogado