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  • Información al día - Octubre de 2017

    PUBLICADO: 30 · 10 · 2017 Fiscal Individual, Fiscal Sociedades

    EL TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

    Frente a la actual coyuntura política, el Gobierno del estado español ha aprobado un Real Decreto Ley (RDL 15/2017) que facilita el traslado de domicilio social de las empresas dentro del territorio nacional.

    ¿Qué implica la aprobación de este Decreto Ley?

    Este Decreto Ley matiza y clarifica la reforma ya introducida el año 2015 mediante la que se facultaba al órgano de administración a poder trasladar el domicilio social dentro del territorio español, excepto disposición contraria de los estatutos.

    No obstante a lo anterior, cabe decir que, a pesar de la modificación mencionada la mayoría de estatutos sociales no se modificaron, reservando, en consecuencia, a los administradores solo la facultad para trasladar el domicilio dentro de la misma población, y siendo indispensable el acuerdo de la Junta en caso contrario.

    ¿Qué varía?

    La modificación que se incorpora a raíz de la aprobación de este Decreto Ley radica en el hecho de que la competencia del órgano de administración prevaldrá siempre que, posteriormente a la entrada en vigor del Decreto Ley, la Junta no haya aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare al órgano de administración no competente para realizar traslados de domicilio dentro del territorio nacional.

    En consecuencia con lo anterior, a partir del día 7 de octubre de 2017 cualquier sociedad con domicilio en el territorio español, puede trasladar su domicilio sin acuerdo de Junta, solo con el acuerdo del órgano de administración, independientemente de lo que establecen sus Estatutos Sociales.

    ¿Se puede limitar la competencia del órgano de administración en este aspecto?

    La única forma de limitar o modificar lo establecido por este Decreto Ley será que, con posterioridad al día 7 de octubre, la Junta acuerde expresamente una modificación estatutaria que acoja la no competencia del órgano de administración en este ámbito; limitando en consecuencia su facultad de trasladar el domicilio social en la totalidad del territorio español.

    ¿Qué diferencia hay entre el domicilio social y el domicilio fiscal?

    Según lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital, el lugar designado en los estatutos sociales como domicilio de la sociedad debe coincidir con aquel donde se encuentra el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radica su principal establecimiento o explotación. Ambos criterios pueden coincidir o no, pudiéndose elegir, cuando no hay coincidencia, entre cualquiera de ellos.

    Por centro de efectiva administración y dirección se entiende el lugar donde se encuentra físicamente el órgano de administración.

    Por establecimiento o explotación principal se entiende la localización física donde la sociedad desarrolla su objeto social (fábrica, centro comercial, instalaciones, etc.).

    Según el artículo 48 de la Ley General Tributaria, el domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la administración tributaria.

    El domicilio fiscal de las sociedades se encontrará en el domicilio social, siempre que en este se localice su administración y la dirección de sus negocios, es decir, para la administración tributaria el domicilio social y el domicilio fiscal no deben ser necesariamente el mismo, puesto que a efectos fiscales se aceptaría que la dirección de los negocios o la administración no se realizaran en el domicilio social.

    Estamos a su total disposición para cualquier duda, aclaración o cuestión adicional que les pueda surgir, así como les ofrecemos concertar asesoramiento concreto al respecto, en caso de que lo consideren conveniente.

    Laura Pasqual Lleonart / Jordi Bonmatí Roura
    Abogada / Asesor Fiscal